CASTRO – Este jueves 14 de mayo, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo un masivo operativo de incautación de equipos computacionales y documentos en las dependencias de la Corporación Municipal de Castro. La diligencia se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades financieras que involucran sumas «estratosféricas» de dinero relacionadas con la gestión de licencias médicas entre los años 2023 y 2024.

El origen de la investigación

Según explicó Daniel Navarro, Secretario General de la Corporación, este procedimiento es el resultado de una investigación especial de casi nueve meses realizada por la Contraloría General de la República. Los hallazgos iniciales detectaron posibles anomalías en el contrato de dos empresas externas encargadas de la recuperación de subsidios por licencias médicas.

Navarro precisó que la propia Corporación y la Fiscalía también han presentado antecedentes para esclarecer estos hechos, los cuales se mantienen bajo reserva mientras el informe final de la Contraloría se hace público.

«Facturas adulteradas» y externalización total

El concejal Ignacio Álvarez, quien ha liderado las denuncias desde mayo de 2023, proporcionó detalles técnicos sobre el presunto esquema de defraudación. Álvarez aclaró que no se investiga a los trabajadores que usan licencias, sino a las empresas —Finanzas Públicas SpA y Asesora Pyme SpA— contratadas durante la administración anterior.

«Lo que ocurrió en Castro es una situación innombrable. Se externalizó el 100% de la recuperación de licencias médicas, incluso lo que se recibía diariamente, para que una empresa se llevara altas sumas de dinero», señaló Álvarez.

El concejal denunció además la existencia de facturas adulteradas que no coinciden con los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que habría permitido la salida de «cientos de millones de pesos» de las arcas municipales.

Postura de la actual administración

El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, confirmó que la actual administración ha colaborado activamente con la justicia durante los últimos ocho meses. «Nuestro compromiso es actuar con transparencia, cuidar los recursos públicos y asumir con responsabilidad las acciones que correspondan», afirmó el edil.

Asimismo, el alcalde envió un mensaje de tranquilidad a los vecinos, asegurando que las diligencias de la PDI no afectan el funcionamiento del área de salud ni las prestaciones que recibe la comunidad.

Responsabilidades

La investigación busca determinar responsabilidades tanto de los privados involucrados como de funcionarios públicos que habrían permitido estas operaciones. Por ahora, la PDI continúa con el peritaje de los equipos incautados para cuantificar el daño patrimonial total sufrido por la institución.