Denuncian grave vulneración de derechos de niños y adolescentes, alojados en la residencia “Minga Sur”, administrada por la Fundación Educere. Este lugar, situado en la calle Arturo Prat del sector Llau Llao, ha estado en el foco de la polémica tras revelarse condiciones de vida inadecuadas para los menores.

Aunque el recinto experimentó un incendio que afectó principalmente el sistema eléctrico, el hecho ha servido para evidenciar la falta de servicios básicos, tales como luz eléctrica y gas, con los que han tenido que lidiar los menores de edad que residen allí. Olga Richards, quien fuera coordinadora de redes y logística en la fundación, ha señalado la gravedad de la situación: “Desde el incidente, el sistema eléctrico no ha sido reparado, dejando la casa sin luz. Además, los niños no disponen de cocina a gas, recurriendo al uso de una cocinilla de camping para preparar alimentos. Incluso en la oficina carecemos de luz para trabajar”.

La denuncia ha sido patrocinada por el abogado Ignacio Alvarez Vera, quien ha subrayado la seriedad del asunto dado que afecta a un grupo especialmente vulnerable: “Estamos ante una situación inaceptable. Se trata de una fundación que recibe fondos públicos y ha dejado a los niños sin servicios básicos como luz y gas por cerca de un mes. Además de haber denunciado esto al Servicio Mejor Niñez, también hemos presentado una queja en la Inspección del Trabajo, pues no solo se vulneran los derechos de los niños, sino también los de los trabajadores”.

La Inspección del Trabajo, tras fiscalizar la residencia la semana pasada, confirmó las irregularidades. Alvarez Vera ha hecho un llamado a las autoridades competentes para que evalúen la continuidad de la fundación en la prestación de este servicio: “El Servicio Mejor Niñez, dependiente del Servicio de Desarrollo Social, debe revisar esta situación de inmediato. No se puede permitir que una entidad financiada con fondos públicos continúe operando bajo estas condiciones. Es imperativo que el Estado intervenga directamente para garantizar la protección de los derechos de los niños y trabajadores involucrados”.